Institutions and land-use planning. The adoption of the land-use act "LOUGA" by local authorities in the autonomous region of Galicia, north-west of Spain

Durante los últimos 25 años, la región de Galicia aprobó tres leyes que regulan el uso del suelo (1985, 1997 y 2002) y que trataban de controlar el desorden territorial de buena parte del territorio. Sin embargo, después de estos 25 años, muchos municipios siguen sin tener un plan y sólo el 12% tienen un plan aprobado con respecto a la última ley del suelo (LOUGA) después de casi 10 años de vigencia. Esta investigación tiene como objetivo entender por qué unos pocos municipios han decidido adaptarse a la LOUGA mientras que la mayoría parecen reacio a hacerlo. El enfoque teórico para comprender esta falta de aplicación de la ley es la literatura institucional. En la literatura institucional hay cuatro grandes tipos de corrientes: el institucionalismo racional, el histórico, el sociológico y el discursivo. Se consideran para cada uno de ellos las fuentes de cambio y resistencia institucional. Como buena parte de ellos se centra más en la resistencia al cambio que en analizar los cambios, se elabora un modelo de cambio institucional basado en el concepto de contradicción institucional, con el que se pretende entender tanto la aprobación de la LOUGA como la adopción y la no adopción de la misma por parte de los municipios. Los resultados de la investigación indican que el concepto de contradicción institucional es útil para entender tanto la aprobación de la LOUGA como el patrón de difusión que ha tenido en los municipios. La LOUGA se aprobó por un cambio legislativo a nivel estatal y los municipios que se adaptaron lo hicieron no por mandato legal, sino porque la LOUGA creaba inseguridad jurídica a la hora de conceder licencias dada la obsolescencia de sus planes. Sin embargo, la dirección y objetivos que finalmente tomaron tanto la LOUGA como los diferentes planes aprobados, sólo se explica por la influencia de otras fuentes de cambio institucional y el papel de la agencia. En cuanto a las razones de resistencia hay que mencionar los efectos redistributivos que tiene cualquier cambio institucional. Los municipios que no iniciaron los trámites son aquellos que o bien no tienen apenas actividad urbanística, o bien en su mayoría tienen planes muy expansivos aprobados de acuerdo a la ley de 1997. El coste político de retirar derechos de edificación que concedieron plane